Técnicamente, la calificación de riesgo es una opinión fundamentada, imparcial y objetiva sobre el desempeño actual y las perspectivas económicas  y financieras, de un país, ente o activo financiero. Refleja la calidad en términos de solvencia (capacidad de pago) y el nivel de riesgo (probabilidad de incumplimiento). La calificación de riesgo es un parámetro útil y necesario para la toma de decisión de inversión por parte de los capitalistas.

Para otorgar una Calificación de Riesgo la Empresa Calificadora, mediante métodos, técnicas y herramientas, realiza una evaluación tanto cuantitativa (análisis económico y financiero) como cualitativa (calidad de gestión) para sustentar la calificación asignada, la misma que es periódicamente revisada, considerando las tendencias en el entorno, los mercados, el sector y la industria en particular.

Si bien la calificación de riesgo país (riesgo soberano) en Bolivia ha mejorado en los últimos años hasta llegar a un BB (grado  de inversión), en la última calificación otorgada se cambia la tendencia de “estable” a ´negativa´. La calificadora Moody´s fundamenta su opinión, en las persistentes presiones fiscales y de balanza  de pagos como resultado del aumento de los déficits presupuestario y de cuenta corriente  junto con la ausencia  de medidas de ajuste fiscal que compensen los menores ingresos por hidrocarburos.

La calificación BB-, refleja que Bolivia cuenta con capacidad de pago, la que es variable y susceptible a debilitarse  ante posibles cambios asociados a variables macroeconómicas, como el déficit comercial y el déficit fiscal.

Este cambio de tendencia en la calificación constituye una clara señal de alerta para que de manera conjunta, autoridades, empresarios y sectores sociales, concentren su atención en una agenda económica-productiva, que promueva importantes cambios en la política fiscal, monetaria y de inversiones, con fuerte énfasis en el apoyo y fomento a los sectores productivos y exportadores, mejoras en la competitividad económica e incentivos a la inversión privada.

El estado debe ser por sobre todo un promotor del desarrollo y un impulsor  (simplifica el andamiaje institucional y facilita los procesos y trámites) para la generación de excedentes que dinamicen el consumo, el ahorro y la inversión, vía nuevos emprendimientos y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas vigentes en todo el país.

Asimismo, el Estado debe aplicar nuevos mecanismos de apoyo a los sectores productivos nacionales frente a la informalidad y el contrabando. Por último, urge captar nuevos mercados para los productos no tradicionales de exportación, mediante una proactiva diplomacia comercial internacional.

Por el Lic. Juan Carlos Rau F.

Presidente del Colegio Nacional de Economistas de Bolivia