Un sistema de pensiones se basa en flujos de ingresos de aportantes y de salida para los beneficiarios. Cuando los activos financian a los pasivos, el sistema se conoce como Reparto; en tanto que cuando los activos aportan para su propia jubilación con la creación de cuentas individuales, que constituyen su propio ahorro, se conoce como Capitalización Individual. En ambos casos, es necesario que dichos aportes generen rendimientos con razonables exposiciones de riesgo para que el capital aportado crezca. Estimaciones realizadas, muestran que más de la mitad del acumulado a lo largo de la vida activa de un afiliado lo constituyen los retornos. Para lo anterior, no solo se necesita una gestión especializada, sino también eficiente y transparente. Usualmente, como es el caso en nuestro país, lo hacen (aún) actores privados, bajo la supervisión del Estado.

La reforma del sistema de pensiones en Bolivia, como en la mayoría de los países de Latinoamérica y varias otras latitudes, implementada a finales de los `90s, entre otras cosas, buscó mejorar la pesada carga que llegó a representar para el Estado asumir administraciones fallidas del anterior sistema público de Reparto.

Los resultados no han sido necesariamente malos: incremento del número de afiliados, eficiencia en la atención, cierto desarrollo del mercado de capitales, financiamiento a emprendimientos privados y fondeo al sistema financiero, entre otros. Aunque, como siempre, pueden existir puntos de mejora, el 2010, mediante una Ley se llevó a cabo una contra-reforma, en línea con la Nueva Constitución Política del Estado, todo bajo mayoría del actual gobierno. Si bien, se mantuvo el sistema de capitalización individual, pero se intervino en la gestión, obligando a que las AFPs transfieran la misma a una Gestora Pública por crearse. Hasta ahora termina de hacerlo; por ende las AFPs siguen administrando “transitoriamente”. Si se quería cuestionar la gestión del privado, que usualmente es más eficiente que el público, se debió permitir a la Gestora Pública competir por los más de USD 14,000 millones en recursos de la gente, para ver quién lo hacía mejor. Desafortunadamente, dentro de esa línea de “volver al pasado”, la referida contra-reforma dejó expuesto al Estado ante diversos grupos de interés y presión; ergo a los fondos, en riesgo.

Con estos antecedentes, entraremos a la coyuntura que nos ocupa. En los últimos días, se ha anunciado que con los recursos de los Fondos de Pensiones se utilizarían USD150 millones para financiar agroproductores en dificultades y otras mejoras que puedan requerir. En un asunto con varias aristas, trataremos de valorar la medida.

Primero diremos que la idea resulta por lo menos interesante. Aunque matizaremos los detalles, donde puede estar el diablo.

Sobre la estructura. Se crearía un fondo de inversión cerrado, de los varios que ya existen, solo que este sería administrado por Safi Unión, bajo control del Estado. Pudo haberse licitado para asegurar al más idóneo. O mejor aún, incentivar la creación de este u otro tipo de instrumentos, ya que uno de los motivos de la tendencia a la baja en la rentabilidad de los fondos de pensiones ha tenido que ver con la elevada liquidez y falta de opciones de inversión, por ende bajas tasas.

En relación al riesgo que se exponen los recursos de los afiliados. Como proporción de portafolio, USD 150 millones, representa poco más del 1%, que parece no significativo. Por otro lado, tendría como coberturas instrumentos de oferta pública (las AFps ya invierten en esto), cuyo valor futuro, sumado al Fondo de Garantía de los Bancos y un aval de Empresas Agroindustriales, permitirían asegurar el capital. Realizando algunas simulaciones, incluso en escenarios negativos, dicha cobertura sería razonable. Sin embargo, surgen varias interrogantes, como las condiciones de inversión, recupero y sobre todo otorgación de los recursos.

Sería para productores pymes, lo cual beneficiaría a las Empresas Agroindustriales, que al contar con mayores probabilidades de proveerse de materia prima se beneficia también; por ende el interés y posible disposición en avalar los préstamos en un porcentaje. Aunque ya el grado de apalancamiento del Sector es considerable.

Veamos rentabilidad. Las tasas a las que se pondrían a disposición los recursos finales (entre 7% y 12%) coadyuvarían en algo al rendimiento del Fondo de Pensiones, aunque habrá que ver las comisiones de administración que se deben descontar y la recuperación efectiva de los recursos, por parte de SAFI Unión.

Es llamativo que hoy el gobierno apueste por apoyar al sector agrícola con recursos, aunque no son suyos. Solo ellos saben si es aversión al riesgo o falta de alternativas.

Lo más grave es el precedente. Se constituye en una medida, no necesariamente mala, pero totalmente dirigida, lo cual genera vulnerabilidad a fondos privados. Una señalización negativa para los agentes. Solo como ejemplo, en Argentina se llegó a expropiar los fondos y se afectó significativamente el mercado de capitales al retirar recursos, principalmente para fines estatales.

En la última reunión de la Asociación de Economistas Latinoamericanos (LACEA, por sus siglas en inglés) tuve la oportunidad de compartir con Peter Diamond, profesor del MIT, premio Nobel 2010 por sus contribuciones en temas relacionados a Pensiones y asesor de muchos gobiernos. En esa oportunidad le pregunté, cuál sistema, privado o público, le parecía mejor. La respuesta fue en línea con las nuevas investigaciones y evidencia, como la magnífica obra de Acemoglú y Robinson (2012), Por qué fracasan los países. No es el administrador, es la institucionalidad y condiciones en que mejor funcione el Sistema. Esto guarda relación con el grado de desarrollo de los Estados y sus experiencias vividas. Más claro, agua.

Walter Morales Carrasco

Director del Colegio Departamental de Economistas de Santa Cruz