«Pensiones, grupos de interés e institucionalidad»

«Pensiones, grupos de interés e institucionalidad»

Un sistema de pensiones se basa en flujos de ingresos de aportantes y de salida para los beneficiarios. Cuando los activos financian a los pasivos, el sistema se conoce como Reparto; en tanto que cuando los activos aportan para su propia jubilación con la creación de cuentas individuales, que constituyen su propio ahorro, se conoce como Capitalización Individual. En ambos casos, es necesario que dichos aportes generen rendimientos con razonables exposiciones de riesgo para que el capital aportado crezca. Estimaciones realizadas, muestran que más de la mitad del acumulado a lo largo de la vida activa de un afiliado lo constituyen los retornos. Para lo anterior, no solo se necesita una gestión especializada, sino también eficiente y transparente. Usualmente, como es el caso en nuestro país, lo hacen (aún) actores privados, bajo la supervisión del Estado.

La reforma del sistema de pensiones en Bolivia, como en la mayoría de los países de Latinoamérica y varias otras latitudes, implementada a finales de los `90s, entre otras cosas, buscó mejorar la pesada carga que llegó a representar para el Estado asumir administraciones fallidas del anterior sistema público de Reparto.

Los resultados no han sido necesariamente malos: incremento del número de afiliados, eficiencia en la atención, cierto desarrollo del mercado de capitales, financiamiento a emprendimientos privados y fondeo al sistema financiero, entre otros. Aunque, como siempre, pueden existir puntos de mejora, el 2010, mediante una Ley se llevó a cabo una contra-reforma, en línea con la Nueva Constitución Política del Estado, todo bajo mayoría del actual gobierno. Si bien, se mantuvo el sistema de capitalización individual, pero se intervino en la gestión, obligando a que las AFPs transfieran la misma a una Gestora Pública por crearse. Hasta ahora termina de hacerlo; por ende las AFPs siguen administrando “transitoriamente”. Si se quería cuestionar la gestión del privado, que usualmente es más eficiente que el público, se debió permitir a la Gestora Pública competir por los más de USD 14,000 millones en recursos de la gente, para ver quién lo hacía mejor. Desafortunadamente, dentro de esa línea de “volver al pasado”, la referida contra-reforma dejó expuesto al Estado ante diversos grupos de interés y presión; ergo a los fondos, en riesgo.

Con estos antecedentes, entraremos a la coyuntura que nos ocupa. En los últimos días, se ha anunciado que con los recursos de los Fondos de Pensiones se utilizarían USD150 millones para financiar agroproductores en dificultades y otras mejoras que puedan requerir. En un asunto con varias aristas, trataremos de valorar la medida.

Primero diremos que la idea resulta por lo menos interesante. Aunque matizaremos los detalles, donde puede estar el diablo.

Sobre la estructura. Se crearía un fondo de inversión cerrado, de los varios que ya existen, solo que este sería administrado por Safi Unión, bajo control del Estado. Pudo haberse licitado para asegurar al más idóneo. O mejor aún, incentivar la creación de este u otro tipo de instrumentos, ya que uno de los motivos de la tendencia a la baja en la rentabilidad de los fondos de pensiones ha tenido que ver con la elevada liquidez y falta de opciones de inversión, por ende bajas tasas.

En relación al riesgo que se exponen los recursos de los afiliados. Como proporción de portafolio, USD 150 millones, representa poco más del 1%, que parece no significativo. Por otro lado, tendría como coberturas instrumentos de oferta pública (las AFps ya invierten en esto), cuyo valor futuro, sumado al Fondo de Garantía de los Bancos y un aval de Empresas Agroindustriales, permitirían asegurar el capital. Realizando algunas simulaciones, incluso en escenarios negativos, dicha cobertura sería razonable. Sin embargo, surgen varias interrogantes, como las condiciones de inversión, recupero y sobre todo otorgación de los recursos.

Sería para productores pymes, lo cual beneficiaría a las Empresas Agroindustriales, que al contar con mayores probabilidades de proveerse de materia prima se beneficia también; por ende el interés y posible disposición en avalar los préstamos en un porcentaje. Aunque ya el grado de apalancamiento del Sector es considerable.

Veamos rentabilidad. Las tasas a las que se pondrían a disposición los recursos finales (entre 7% y 12%) coadyuvarían en algo al rendimiento del Fondo de Pensiones, aunque habrá que ver las comisiones de administración que se deben descontar y la recuperación efectiva de los recursos, por parte de SAFI Unión.

Es llamativo que hoy el gobierno apueste por apoyar al sector agrícola con recursos, aunque no son suyos. Solo ellos saben si es aversión al riesgo o falta de alternativas.

Lo más grave es el precedente. Se constituye en una medida, no necesariamente mala, pero totalmente dirigida, lo cual genera vulnerabilidad a fondos privados. Una señalización negativa para los agentes. Solo como ejemplo, en Argentina se llegó a expropiar los fondos y se afectó significativamente el mercado de capitales al retirar recursos, principalmente para fines estatales.

En la última reunión de la Asociación de Economistas Latinoamericanos (LACEA, por sus siglas en inglés) tuve la oportunidad de compartir con Peter Diamond, profesor del MIT, premio Nobel 2010 por sus contribuciones en temas relacionados a Pensiones y asesor de muchos gobiernos. En esa oportunidad le pregunté, cuál sistema, privado o público, le parecía mejor. La respuesta fue en línea con las nuevas investigaciones y evidencia, como la magnífica obra de Acemoglú y Robinson (2012), Por qué fracasan los países. No es el administrador, es la institucionalidad y condiciones en que mejor funcione el Sistema. Esto guarda relación con el grado de desarrollo de los Estados y sus experiencias vividas. Más claro, agua.

Walter Morales Carrasco

Director del Colegio Departamental de Economistas de Santa Cruz

¿SON O NO SON IMPORTANTES LAS EXPORTACIONES?

¿SON O NO SON IMPORTANTES LAS EXPORTACIONES?

Cuando las exportaciones del país subían y subían sin parar, haciendo que los dólares llegaran a raudales -como nunca en la historia- provocando altísimos e inimaginables superávits haciendo que las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de Bolivia (BCB) treparan y treparan, era para festejar.

El PIB crecía y crecía gracias al motorcito de la demanda interna impulsada por el gasto fiscal y la inversión pública, apalancados éstos en el inédito dividendo de la exportación de hidrocarburos y minerales así como en el virtuoso movimiento económico derivado de la actividad productiva, comercial y exportadora no tradicional. Esto elevó nuestras RIN a niveles insospechados, comparables solo con la China en su significación sobre el PIB (casi 50%), generando un alto respaldo para la moneda y la economía boliviana.

A estas alturas, es imposible pensar ya -mucho menos negar- que tan buenos resultados se hubieran logrado sin que las exportaciones jugaran el rol preponderante de prodigar más de 100.000 millones de dólares entre el 2006 y 2016, considerando entre ellas las remesas de los trabajadores en el exterior y el turismo receptivo (exportación de servicios).

Alguito más: del 2006 al 2014, el superávit del comercio exterior superó los 16.000 millones de dólares, de ahí el incremento de las RIN del BCB hasta un máximo de 15.563 millones (dato del 10.11.2014). Parecía que tal racha sería imparable, pero desde el 2015 “algo” ha cambiado, lamentablemente, no para bien. El PIB crece menos, las exportaciones y las RIN caen y lo que sube es el endeudamiento.

Constatando que el actual monto de las RIN ha bajado a niveles del año 2010, hasta 9.993 millones de dólares (dato al 20.1.2017); que las exportaciones del 2016 se desmoronaron hasta cerca de su nivel del 2008 y que el déficit comercial del pasado año se convirtió en el mayor de la historia de Bolivia (-1.213 millones de dólares) algo hay que hacer para reanimar las exportaciones.

Frente a un escenario internacional que tiende a complicarse, para que mañana no aumente la presión sobre el tipo de cambio y se tenga que recurrir a un mayor endeudamiento, sabio sería apostar por un sector con gran capacidad de reacción a corto plazo como el no tradicional, agropecuario, agroindustrial, forestal y manufacturero.
Solo liberando de restricciones a las exportaciones y forjando la competitividad sistémica del país se generará más divisas, empleos e ingresos, y el PIB crecerá sostenida y sosteniblemente en el tiempo.

(*) Gary Antonio Rodríguez Álvarez es Economista y Magíster en Comercio Internacional

DESTACABLE SEÑAL PARA EL AGRO

DESTACABLE SEÑAL PARA EL AGRO

La decisión del Gobierno de crear un Fondo de Inversión Cerrado (FIC) para financiar la expansión de la producción agropecuaria en Bolivia ha sido objeto de apoyos y críticas, pese a que el MEFP así como prestigiosas entidades empresariales -v.gr. CEPB, CAINCO, CAO- salieron al paso para explicar su alcance y tranquilizar a la población sobre la seguridad del uso y retorno de los recursos, al amparo de lo previsto por la Ley 065, que autoriza tal posibilidad.

El propio Vicepresidente del Estado se encargó de respaldar la iniciativa afirmando que el sector agropecuario tiene la seguridad adecuada para ser considerado dentro de las inversiones que realizan las Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP (“García Linera dice que es seguro financiar al agro”, EL DEBER, 25.1.2017), una aclaración necesaria, dado que no todos los jubilados ni aportantes a las AFP saben que miles de millones de dólares de su ahorro están ya invertidos de varias formas -incluso en otros Fondos de Inversión- bajo el espíritu de la Ley, de buscar una buena rentabilidad con riesgos acotados.

Pese a que la arquitectura del FIC dice cómo se garantizará el retorno de los 150 millones de dólares -el 1% del total de aportes del Sistema Integrado de Pensiones- se ensaña la crítica calificando de alto riesgo al sector agropecuario, sin saber que datos oficiales dan cuenta que éste es uno de los que mejor honra sus obligaciones.

CAINCO y CAO han explicado que el FIC no representará riesgo alguno para los ahorros de jubilación, todo lo contrario, siendo que el pago de una mayor tasa -entre 7% y 9%- mejorará la rentabilidad de los aportes de los trabajadores, además de que habrá más empleo, ingresos, divisas por exportación e impuestos.

El FIC financiará además a pequeños y medianos productores seleccionados por su capacidad de repago, con su producción de respaldo; las empresas agroindustriales garantizarán un 30% del monto; otro 30% se respaldará con el Fondo de Garantía constituido con utilidades de los bancos, y el propio Fondo invertirá 50 millones de dólares en otras opciones, diluyendo así el riesgo.

CAO y CAINCO, coherentes con esta iniciativa por un mayor desarrollo de Bolivia, han mantenido inclaudicable su pedido de eliminar toda restricción a las exportaciones; combatir el contrabando; acabar con el avasallamiento de tierras; mejorar el funcionamiento del INRA; permitir el uso de biotecnología y hacer más competitivo al país, para triplicar la producción de alimentos hasta el año 2025.

(*) Gary Antonio Rodríguez Álvarez es Economista y Magíster en Comercio Internacional

Para descargar: http://www.eldeber.com.bo/…/Destacable-senal-para-el-agro-2…

Estos son los 5 empresarios que se destacaron en 2016, El Colegio de Economistas participó en la selección

Estos son los 5 empresarios que se destacaron en 2016, El Colegio de Economistas participó en la selección

ESTOS SON LOS 5 EMPRESARIOS QUE SE DESTACARON EN 2016

En la selección de estos hombres y mujeres de negocio se contó con la votación de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc), la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), el Colegio de Economistas de Santa Cruz, la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Además, los empresarios figuran como líderes en reconocidos rankings como los Cien líderes con mejor reputación, de la consultora internacional Merco.

En la selección de hombres y mujeres de negocios:

Mario Anglarill Salvatierra, fundador y presidente ejecutivo de la industria de alimentos Sofía, y Rosario Paz, directora ejecutiva de la cadena de farmacias Farmacorp.

A ellos, le siguen Cristóbal Roda, presidente ejecutivo del ingenio sucroalcoholero Aguaí; Jorge Arias, gerente general, accionista de Nutrioil y presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) y Sandra Bruno de Ferra, gerenta general y socia de Cerabol.
Además, se reconoce el trabajo de los siguientes empresarios: Pablo Bedoya, presidente del directorio del Banco Nacional de Bolivia (BNB); Julio León Prado, presidente del Grupo BISA; Carlos Paz, presidente ejecutivo de Nibol; Luis Auzza Macías, presidente de Faboce y Julio Novillo Lafuente, presidente ejecutivo del grupo empresarial Lafuente.
De la mayoría de ellos, se resalta su trayectoria empresarial, su visión, innovación y su voluntad de hacer inversiones en momentos de desaceleración económica.

 

http://www.eldeber.com.bo/dinero/Los-5-empresarios-que-mas-se-destacaron-en-2016-20161220-0002.html

 

APOCALIPSIS 2030… (*)

APOCALIPSIS 2030… (*)

La Paz está indignada por la falta de agua y no podía ser de otra manera, tratándose de un líquido vital para el ser humano. Los productores del agro en el Oriente también están afectados y en el Occidente del país hasta enfrentamientos se han dado a causa de la sequía que afecta su vida y diezma la producción agropecuaria.

Si lo que pasa hoy preocupa a muchos, a todos debería inquietarnos que, de no tomarse acciones inteligentes -ya no para impedir sino para mitigar los efectos del cambio climático que vino para quedarse- el 2030 nos hallará sin glaciares en el Altiplano -Chacaltaya es la prueba fehaciente de ello- y con el mítico Lago Titicaca partido en tres permanentemente a causa de la baja del nivel de agua.

Sin embargo, el tener tres mini Titicacas en el 2030 sería el mal menor para Bolivia, ya que según una voz autorizada, el cambio climático traería lluvias y vientos anormales en los llanos orientales que erosionarían el suelo y afectarían al sector agropecuario; los valles estarían condenados a desaparecer como productores de alimentos por la escasez de agua; el Chaco se convertiría en un desierto; la Amazonía se sabanizaría y los bosques perderían su riqueza vegetal y animal; las severas granizadas acabarían con los viñedos en Tarija; el Beni se inundaría de forma permanente, perdiendo su vocación ganadera, y Trinidad acabaría con “barrios flotantes” fuera del dique que se debería construir para poder pervivir.

Tal advertencia fue hecha el año 2009 por el científico alemán Joerg Seifert-Granzin, con formación en Economía y Teología (virtuosa combinación, coincidente con la mía) en su condición de Asesor de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) en Bolivia.

Basado en un modelo de cambio climático diseñado para simular escenarios sobre la base de mediciones diarias de temperatura, lluvia y velocidad del viento, advirtió el escenario apocalíptico descrito arriba, pero pocos lo escucharon y hasta se burlaron de su predicción.

Joerg Seifert-Granzin dijo también que para el año 2030 el recalentamiento global habría hecho que la Cordillera Real se quede prácticamente sin nieve, lo que provocaría una severa escasez de agua en La Paz y El Alto afectando a la población y la producción de alimentos.

Las vicisitudes que se viven ahora son la consecuencia de no haber escuchado ayer, a los expertos que advirtieron del desastre que sobrevendría.

Día que pasa la amenaza es mayor: la temperatura global aumenta inexorablemente y si esto no cambia, seguro que empeorará.

(*) Gary Antonio Rodríguez Álvarez es Economista y Magíster en Comercio Internacional

Como impulsar la iniciativa empresarial?

Como impulsar la iniciativa empresarial?

Lo primero que hay que cuidar para que exista inversión privada, es que precisamente la inversión pública no sea competencia sino complemento de la inversión privada, cuando este fenómeno se presenta es el primer elemento de incertidumbre para el privado, luego si adicionalmente a ello se tiene inclusive dentro de esa competencia, encima una competencia desleal dando preferencias a empresas estatales  frente a sus pares de empresas privadas la situación se agrava aún más.

Por otro lado, otro componente de la incertidumbre es la volatilidad normativa; es decir, si las normas y leyes son fácilmente modificables en el corto plazo sin haber sufrido su periodo de madurez de aplicación.

La seguridad jurídica es otro elemento fundamental, las excesivas regulaciones e inclusive regulaciones que se contradicen entre sí, una política tributaria que en lugar de incentivar la formalidad de las empresas vaya en la práctica en otra dirección es un elemento central. De la misma manera una política laboral que incorpore costos permanentes en lugar de perfeccionar la eficiencia del recurso humano y del capital se constituye en un aspecto de inseguridad jurídica puesto que al final del camino se traducen en conquistas laborales que son irrenunciables e imprescriptibles.

A su vez, la carga burocrática para cualquier tipo de trámites en el sector público es un elemento además de rezago en la inversión, es agregado de costos que en muchos casos o en la mayoría de los casos resultan trámites innecesarios para determinado sector o actividad.

Los aspectos de inseguridad jurídica que generan un daño emergente y un lucro cesante como el caso de los asaltos prediales son un elemento paradigmático que resume todo el problema de la inversión privada.

En resumen, reduciendo al mínimo estos aspectos inherentes a la incertidumbre  y la inseguridad jurídica se logrará el mayor incentivo para que el privado invierta, ya que en condiciones normales, si las condiciones macroeconómicas de un país están muy bien y el Estado invierte bien – entiéndase sin competirle al inversor privado – la inversión privada irá de la mano o por delante en términos nominales a la inversión pública, logrando esta última ser mucho mayor a la primera y entre ambas con seguridad superar la barrera del más o menos 25% del Producto Interno Bruto para lograr una reducción sostenida y segura de la pobreza.

Carlos Hugo Barbery

Economista